Negligencia y mala conducta

La experiencia de proceso judicial en negligencia y mala conducta de los abogados de Casey Gerry de San Diego

En 1989, los abogados de Casey Gerry en negligencia y mala conducta obtuvieron en contra del Municipio de San Diego lo que resultó para el mismo el acuerdo más grande de su historia. El caso implicaba negligencia por un oficial de policía que respondía a una llamada. Omitió activar las necesarias luces y las sirenas de advertencia que alertan a los otros vehículos de su aproximación. Mientras manejar a una velocidad alta, chocó con un vehículo en el cual iba nuestra cliente. Ella sostuvo daños sumamente graves, los cuales causaron que se quedase en un coma por más de un año. Aunque emergió del coma, sufrió daño cerebral y paraplejia permanente. Anteriormente. Ella había perdido a su marido en otro accidente, y ahora su familia tenía que enfrentarse con aquellos daños terribles. Le trataron en el Hospital Sharp Memorial bajo el cuido hábil del Dr. Jerry Stenjehem. Su familia fue infaliblemente solidaria durante toda la experiencia dura, y un año después salió del coma. Para el momento en que su caso se resolviese en 1989, el mismo había resultado en el acuerdo más grande jamás otorgado en contra del Municipio de San Diego. El municipio suministró los recursos financieros suficientes para asegurar el cuido de nuestra cliente por el resto de su vida. Al igual que con cualquier caso de negligencia de policía, Gerry condujo declaraciones juradas escritas extensas relacionadas con la conducta del oficial involucrado para establecer que su conducta fuese la causa del accidente. Pudimos demostrar que, en este caso, no hubo negligencia en parte del conductor de nuestra cliente ni de ella misma. David Casey, Jr. era el abogado principal para Casey Gerry en este caso.

Otro caso en el cual Casey Gerry desempeñó el papel de protagonista fue en el caso Cross versus el Municipio de San Diego. En este caso, el padre de una criatura no nacida recibió disparos de y fue matado por un oficial de policía que respondía a una llamada 911. Una mujer encinta llamó al 911 quejándose de que ella estaba siendo atacada por un hombre, y la policía respondió a la llamada. Cuando el joven contestó la puerta estaba descamisado y no llevaba arma encima. Se dio una vuelta con el cuerpo, y el policía disparó, matándolo. Nuestra cliente era la niña que nació meses después de la muerte de su padre. En un caso sometido a juicio en el juzgado federal durante cinco semanas, pudimos establecer que la fuerza usada, la cual dio como resultado la muerte del padre, fue innecesaria y negligente. Pudimos obtener compensación que ayudaría a mantener a la niña, que ya se encontraba sin padre.

En el caso de Walter Wacik Santamaria versus el Municipio de San Diego, el abogado Tom Luneau de Casey Gerry llevó el caso por el Sr. Wacik. Le habían arrestado unos oficiales de la policía, y admitió habiendo evadido captura durante una situación de arresto. Sin embargo, ya bajo detención, fue cooperador, y cumplió con las órdenes. Uno de los oficiales de la CHP levantó la pierna de S. Wacik, girando y retorciéndola, lo cual causó una fractura conmutada al tobillo, dando como resultado un daño sumamente grave a nuestro cliente. El Sr. Wasik recuerda haber recibido varios golpes al pie que acababa de ser herido. Este caso fue llevado a juicio bajo la ley 42 U.S.C. 1983, la cual dispone que aun bajo arresto, los derechos constitucionales de individuos no puedan ser violados. Los oficiales de policía que compusieron el arresto dieron testimonio de que el daño se debió al atentado de la parte demandante de escaparse. El testimonio pericial de los cirujanos ortopédicos señaló que el daño no pudo haber sido causado por correr. Por la naturaleza de la rotación, el daño sólo pudo haber sido causado cuando la parte demandante yacía sobre la tierra mientras su pierna era gravemente y violentamente torcida. De hecho, el jurado determinó que los derechos constitucionales de Sr. Wacik habían sido violados, y le otorgaron daños significantes de compensación.

Aun individuos arrestados tienen el derecho de ser protegidos de fuerza brutal. Casey Gerry representó a un hombre que era alcohólico, con la historia de ser arrestado por borracho en público. Después de ser arrestado por el Municipio de San Diego le habían entregado al Condado de San Diego y colocado en la cárcel del Condado de San Diego. Estaba intoxicado en el momento y fue arrestado porque no podría asegurarse de su propia seguridad ni la de los demás. Mientras estar bajo custodia, un oficial de los sheriff en la cárcel se irritó con él. El oficial cerró de un golpe una puerta grande contra su pierna, causándole una fractura severa al fémur. Casey Gerry demandó al Condado de San Diego y el Municipio de San Diego, alegando que o el Municipio no le había arrestado con causa justa, o en caso de que él verdaderamente estuviese ebrio y no podía cuidarse de si misma seguridad, el Condado luego tenía el deber de tratarlo apropiadamente y no causarle daño. Después de una exhibición legal extensa, el caso fue decidido en favor de nuestro cliente. El juez encargado del caso quedaba claramente de la opinión que el Condado no se había portado apropiadamente bajo las circunstancias.

En un caso de negligencia por una escuela de capacitación, el socio de Casey Gerry Thomas Penfield representó a un joven que se cayó 15 pies de un poste de utilidad, gravemente hiriendo la espalda. Se entrenaba como técnico de instalación por cable, lo cual incluyó instrucción en subir postes de utilidad. Al final de un largo día de subidas de práctica, el estudiante fue dirigido a hacer aún otra subida. Protestó, diciendo que estaba exhausto, y que no pudo hacerlo. El instructor ejerció presión sobre él, diciéndole que tenía que hacer la subida para lograr la certificación y aprobar el curso. Como es requerido en subidas de certificación, el joven subió el poste sin equipo de protección de caídas Al empezar a bajar, trató de conducir las alcayatas trepadoras, o arpones, en el poste para estabilizarse. Los arpones no se sostuvieron, y se cayó 15 pies a caída libre, tocando tierra sobre las asentaderas, dándose un golpe macizo a la columna vertebral.

Sostuvo dolorosos e inutilizantes daños vertebrales que han requerido que busque tratamiento médico extenso. Se enfrenta al prospecto de cirugía vertebral en vista de que dos herniados discos vertebrales continúan a deteriorarse. No podrá nunca esperar trabajar como técnico por cable, y vive con dolores crónicos, intermitentementes y severos.

La aseguradora de la escuela rechazó una oferta de acuerdo, eligiendo llevar la causa a juicio completo con todo y jurado. El testigo pericial de Casey Gerry dio testimonio de que el equipo de protección de caídas es normal para subir postes de utilidad, no sólo en períodos de entrenamiento, sino también en el campo práctico. Desde 1998, las reglas de la OSHA han requerido el uso de tal equipo para empleados, en subida más altas que cuatro pies. No obstante, esta escuela ni proveyó equipo de protección de caídas, ni enseñó el uso del mismo. La escuela permitió que este joven creyese que recibía capacitación segura y correcta, mientras, de hecho, creaban las condiciones que se condujesen al daño que destruyó su carrera. El jurado estuvo de acuerdo, y encontró que la falta de la escuela en cuanto a ejercer el estándar mínimo de atención hacia el estudiante a todo lo largo del curso de entrenamiento consistió en negligencia, y le otorgó $455,000 de dólares, incluyendo todos los costos, lo cual salió siendo una cantidad tres veces más grande que la oferta original. La recompensación le ayudará a este joven a encargarse de su incapacidad permanente y su rehabilitación física y vocacional, así como también sus necesidades médicas permanentes.

Los abogados de Casey Gerry iniciaron una acción en representación del hijo e hija de un hombre de 64 años de edad que murió a consecuencia de gran negligencia médica en la prisión Donovan State Correctional Facility en el Condado de San Diego. La víctima, quien había sido en breve encarcelado por fraude de seguro, llevaba una historia de 15 años de enfermedad cardiaca, incluso cirugía coronaria de vaso secundario y angioplastia con "stents" múltiples. Él había sido puesto en libertad condicional, funcionaba como pastor secular en su iglesia, y había reconstruido su vida de ciudadano responsable y productivo incluyendo trabajo de tiempo completo con la iglesia mientras seguir su meta de abrir una casa de crianza para niños en riesgo.

En 2005, la víctima fue detenida en la cárcel del condado de San Diego por una supuesta violación de su status de estar en libertad bajo palabra. El personal médico de la cárcel reconoció el significado de la historia cardiaca de este hombre, y su problema cardíaco fue detenidamente monitoreado. A diario, le dieron chequeos de presión sanguínea, chequeos cardiacos de enzima, y de "EKG". Él estaba tomando ocho medicamentos cardiacos todos los días, incluyendo la nitroglicerina. Durante su estadía él sufría dolores frecuentes al pecho y resultados anormales del electrocardiograma, y a menudo usaba nitroglicerina por el dolor. Dos días antes de su traslado a Donovan, el personal médico de la cárcel le pidieron una referencia para que viese a un cardiólogo en el Centro Médico de UC San Diego por una evaluación cardiaca adicional.

Dos días más tarde él fue trasladado a Donovan. Los documentos de trasbordo incluyeron la cuidadosa historia y evaluación del personal médico de la cárcel, y una lista de sus ocho medicamentos cardiacos. Los documentos quedaron claros que la víctima tuviese una historia cardiaca extensa y que todas las quejas de dolor al pecho deberían ser tomadas sumamente en serio. También recomendaron que se colocase en una unidad de la planta baja, a fin de que no tuviese que subir escaleras.

En la Donovan le quitaron todos los medicamentos durante el procesamiento de alta. Para los medicamentos que pudiesen ser requeridos por un residente antes de que la farmacia de la prisión llenase las recetas, la norma es que el preso sea enviado del área de alta a la farmacia para un suministro de medicación de corto plazo. A pesar de que el Sr. Palmer tuviese una larga historia cardiaca y que múltiples veces al día usaba nitroglicerina por el dolor, después del procesamiento no fue enviado a la farmacia. Le enviaron directamente a su celda sin medicación alguna.

Su celda estaba en el segundo piso. Subiendo las escaleras, él sintió dolores en el pecho tan severos que los celadores llamaron al "MTA," el asistente técnico médico en servicio. La norma de atención médica en tal situación requiere que la persona encargada del tratamiento le haga algunas preguntas importantes al paciente, incluyendo, que si tenía el paciente una historia de enfermedad cardiaca; que por cuánto tiempo había sentido el dolor en el pecho; que si se abía expandido el dolor; y que cuál era la calidad o el carácter del dolor. El "MTA" no recordó si le hizo a la víctima estas preguntas, tampoco que si existen notas de ello en el registro médico. El "MTA" les dijo a los celadores que consideraba que el paciente estaba fingiendo. No trató de obtener nitroglicerina, no le llevó a la clínica, ni realizó ninguna evaluación adicional. No ofreció atención en absoluto.

Menos de una hora después, los celadores otra vez llamaron al "MTA". La víctima otra vez sufría dolores severos. El mismo "MTA" regreso, y otra vez decidió que la víctima fingía. A la tercera llamada, el "MTA" oyó el nombre de la víctima, y ni siquiera se molestó por ir a evaluarle. La mañana siguiente los celadores encontraron a la víctima sin reacción, y lo llevaron al sanatorio, donde fue pronunciado muerto. El médico forense del condado determinó que el "MTA" era responsable de la muerte de la víctima por su descuido en no correctamente evaluarlo ni atender el dolor de pecho de la víctima.

Los abogados de Casey Gerry usaron los registros de la cárcel y de la Donovan, junto con el informe del médico forense, para demostrar la negligencia imprudente que condujo a la muerte innecesaria y evitable de este hombre. El Departmento penal de California concurrió con la falta de atención, y accedió al acuerdo que reconoció su culpabilidad, y la pérdida sustancial e innecesaria que había sufrido los hijos de este hombre.